Para poder financiar el Proyecto L1bre de taxímetros digitales en la Ciudad de México, para la cual se obtuvo una concesión irregular con complicidad de servidores públicos cercanos a Miguel Ángel Mancera, los supuestos empresarios Santiago León y Eduardo Zayas también recurrieron a empresas relacionadas con los magnates Fabio Massimo Covarrubias Piffer, Ricardo Salinas Pliego y el heredero Moisés Cosío Espinosa, cuya herencia habría sido fraudulentamente invertida en el proyecto por banqueros privados.
PARTE 4
Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– Al sacar a Taxinet del plan para obtener una concesión hecha a modo para taxímetros digitales en la Ciudad de México, los señores Santiago León y Eduardo Zayas buscaron a un nuevo inversionista ya que ninguno de los dos pondría de su propio dinero para obtener el acuerdo millonario –e irregular– con la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi). Se trataría de una empresa con accionista al heredero y empresario Moisés Cosío Espinosa; y posteriormente una con participación indirecta de Fabio Massimo Covarrubias Piffer y Ricardo Salinas Pliego.
Estos últimos dos magnates ya habían sido igualmente señalados por su supuesto involucramiento en la compra a sobreprecio de Grupo Fertinal por parte de Pemex. Pero en esta ocasión, tuvieron vínculos con la empresa que ahora demanda al Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del T-MEC y con la representación del Gobierno federal, por 2.8 mil millones de dólares (50 mil millones de pesos).
Salinas Pliego y Covarrubias Piffer entraron en una asociación –a través de una empresa indirectamente operada por ellos– con la empresa Espíritu Santo Holdings para llevar a cabo el Proyecto L1bre, según documentos oficiales de una corte estadounidense. Incluso, el empresario italo-mexicano formó parte brevemente del consejo de la empresa a cargo de la concesión irregular, Lusad.
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Fuente: Sin Embargo