Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).– Más testimonios sobre la arbitrariedad dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) comienzan a salir a la luz. Quejas, denuncias y otros recursos promovidos ante la Junta de Gobierno y Administración de este organismo muestran cómo está instalado un grupo de magistrados ligados al calderonismo que se defienden entre sí a costa de hacer oídos sordos a violencias, amenazas y hostigamientos en sus salas regionales.
“Este tipo de actos convierte al Tribunal en una institución violatoria de derechos humanos, con protocolos que no atienden, ni son sensibles a las denuncias que se presentan”, denunció en febrero pasado María Goreti Alvarez Cadena, una trabajadora de la Segunda Sala Regional de Occidente que presentó una denuncia por acoso laboral en contra de la Magistrada Teresa Martínez García, quien también es señalada en la denuncia del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” a los derechos humanos.
Al igual que las dos denuncias previas dadas a conocer por SinEmbargo, hay elementos que son consistentes en esta denuncia presentada por esta mujer trabajadora de la tercera edad: el rol preponderante que tiene en la Sala Superior del TFJA la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, la inacción de la Junta de Gobierno y Administración que actualmente preside Guillermo Valls Esponda y la indefensión de los trabajadores de este tribunal frente a decisiones aribitrarias y actitudes violentas que adoptan sus superiores.
En su relato, María Goreti Alvarez Cadena comparte ante la Junta de Gobierno y Administración cómo en agosto de 2024, cuando trabajaba en la ponencia de Magda Zulema Mosri Gutiérrez en la Sala Superior, pidió un cambio de adscripción por cuestiones personales el cual fue aceptado tanto por Mosri como por la Magistrada Teresa Martínez García, quien a los tres días de concretarse el cambio y hasta su despido la acosó sistemáticamente argumentando que “no daba el ancho”, aún cuando la denunciante expuso que sus jornadas de trabajo eran de 11 a 13 horas, incluidos fines de semana.
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Fuente: Sin Embargo