El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que depende del Poder Ejecutivo y la única que quedó fuera de la Reforma Judicial, acumula acusaciones de violencia laboral y despidos injustificados, como ha consignado SinEmbargo. Información de la Plataforma Nacional de Transparencia destaca cómo de 30 denuncias por hostigamiento contra magistrados no hubo sanciones.
Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- De 30 denuncias por violencia laboral que servidores públicos presentaron, de 2020 a 2025, contra magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), sólo en dos se determinó la existencia de actos u omisiones, aunque en ninguno de los casos se sancionó a los funcionarios responsables. En contraparte, en el mismo periodo se registraron 45 juicios laborales en los que los trabajadores del Tribunal invocaron la figura de “despido injustificado”.
SinEmbargo ha consignado este tipo de prácticas en el TFJA, instancia que depende del Poder Ejecutivo y la única que quedó fuera de la Reforma Judicial. Este 23 de septiembre, se dio a conocer una denuncia por acoso y violencia laboral que exhibe cómo las quejas por estas prácticas alcanzan a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de ese organismo.
Se trata de una denuncia presentada en octubre de 2024 contra el Magistrado Julio Ángel Sabines Chesterking por parte de la Secretaria adjunta de acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior que él preside. En ella, la funcionaria exhibió humillaciones públicas, hostigamiento y violencia laboral. La Junta de Gobierno y Administración del tribunal concluyó y archivó en marzo de este año la investigación sin sanciones contra el Magistrado.
Desde julio pasado se reveló cómo el TFJA ha sido señalado por operar bajo lógicas de opacidad y violencia contra los trabajadores así como de permitir hostigamiento laboral y de proteger a sus magistrados, como fueron los casos de Jorge Octavio Gutiérrez Vargas y Gerardo Brizuela Gaytán. Al primero se le señaló por presuntas irregularidades en la adscripción de plazas y manejo administrativo, y al segundo por actos de violencia laboral, hostigamiento y despido injustificado hacia una trabajadora.
Fuente: Sin Embargo