La Sociedad Cooperativa de Tzibanzá interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación por los delitos de peculado y fraude, mismos que esperan sean investigados por la FGR por tratarse de un asunto que supuestamente involucra dinero del erario local y federal, y que involucra posiblemente a funcionarios públicos.
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– Familias de la comunidad hñähñu del municipio de Cadereyta acusaron al Gobierno panista de Querétaro de presunto fraude y peculado, pues aseguran que se habría engañado a los miembros de una cooperativa para que se les entregara el título de cuatro hectáreas de tierras ubicadas en la isla de Tzibanzá, un espacio ecoturístico que es el sustento económico de más de 600 personas.
“[Los miembros de la cooperativa] son dueños de una superficie de cuatro hectáreas, y ellos son víctimas de un engaño por parte del Gobierno de Francisco Domínguez”, resaltó Rafael Arriaga Conde, el abogado de los denunciantes, en entrevista con SinEmbargo. “El señor exsenador y exgobernador se ofreció a bajarles 64 millones de pesos” del Gobierno queretano para la ampliación y remodelación del hotel de la cooperativa. “Les pidió, a personas que no saben leer ni escribir, que pongan una hectárea a nombre del Ejecutivo local, pero en el texto no fue una hectárea, fue la totalidad de la propiedad de la cooperativa”.
SinEmbargo buscó al Gobernador Mauricio Kuri, cuyo equipo de comunicación argumentó que no tenía espacio en su agenda y remitió a una entrevista que había concedido en días pasados la Secretaria de Gobernación local, Guadalupe Murguía, quien cuestionada por medios locales en días anteriores sobre el tema declaró:
“Es un asunto en el que un grupo de pobladores presentó una denuncia. Lo que yo conozco es que, en su momento el Gobierno del Estado anterior convino con la comunidad el que ellos aportaran, y fue una transmisión regulada por el Registro Agrario Nacional, claramente, con asambleas, y aportaron cuatro hectáreas, para que el Gobierno del Estado pudiera ejecutar obra con recursos federales y estatales, que fue precisamente la construcción de un hotel. A estas cuatro hectáreas, que para que Gobierno aportara recursos públicos, necesitaban ser inmuebles del Estado, se destinaron alrededor de 60 millones de pesos para construir un hotel, hotel que se les dio precisamente a la comunidad para su operación. En su momento se fijó que ellos iban a pagar una renta, sin embargo vino la pandemia dijeron que no tenían recursos, este asunto de la renta no operó, nunca se les ha demandado por la falta de pago de renta y ahora, nuevamente en este Gobierno al momento que identifica que hay este inmueble –porque, además, la entidad Superior de Fiscalización le dice, ‘Tienes tal inversión en este inmueble que aparentemente iba a haber una contraprestación por parte de la comunidad y no lo ha hecho’, y esto los lleva a presentar una denuncia, ni siquiera aquí, se fueron al Estado de Hidalgo a hacerlo. Entonces, pues es el estado de cosas”.
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Fuente: Sin Embargo