El 25 de julio de 2023, el Mecanismo Especial de Seguimiento, un grupo internacional nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos paró su investigación sobre la desaparición masiva de 43 estudiantes de una escuela normal de Ayotzinapa, México, declarando que los militares habían obstaculizado sus esfuerzos. La escritora mexicana Ximena Santaolalla escribe sobre el caso.
SinEmbargo reproduce con autorización este texto publicado originalmente en ReVista, de la Universidad de Harvard, cuyo título original es: Crimen de estado, extracción y cárteles. El significado de la minería en Guerrero, México.
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Ciudad de México, 2 de agosto (ReVista).– Como a la mayoría de los mexicanos, me horrorizó profundamente la desaparición de los 43 estudiantes durante el sexenio del expresidente Peña Nieto (2012-2018). Se trata de uno de los crímenes de estado más atroces y brutales en la historia reciente de México, y aún no conocemos el motivo. El caso no ha sido adecuadamente investigado por las autoridades, pero estoy convencida de que las acciones ejecutadas por militares, policías y crimen organizado, tienen una fuerte conexión con la minería en México.
Los dos miembros que quedaban del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (quienes han investigado el caso desde 2015), partieron de México el 31 de julio de 2023. Su relación con el gobierno federal ha colapsado debido al ocultamiento sistemático de información por parte de la Secretaría de la Defensa y a la falta de voluntad del Presidente López Obrador para procesar a miembros del ejército. El Presidente se apoya cada vez más en las fuerzas armadas para gobernar el país. Ha ampliado su tamaño, otorgándole tareas tradicionalmente asignadas a civiles, tales como seguridad interna, turismo, distribución de gasolina y libros de texto, la construcción y control de aeropuertos. El presupuesto original de la Secretaría de la Defensa se ha excedido en alrededor de 23 por ciento.
En agosto de 2022, se expidieron veintidós órdenes de aprehensión en contra de militares; sin embargo, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ordenó la cancelación de dieciséis de éstas. El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que López Obrador informó directamente a las familias que la acusación contra un número tan alto de soldados había hecho enojar al Ejército; ello habría de ocasionar que Gertz Manero ordenara la suspensión de algunas de las órdenes de aprehensión, y éstas suspensiones provocaron la renuncia de Omar Gómez Trejo, el Fiscal especial en la reexaminación del caso.
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Fuente: Sin Embargo