Sonia Vargas Terrero estaba bajo investigación por contratos ilegales en tiempos de Genaro García Luna y al mismo tiempo trabajó de 2019 a marzo de 2023 en la Fiscalía General. Se trata de una funcionario que ha estado en las últimas tres administraciones y de quien no existe una sola declaración patrimonial en Declaranet.
Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– Sonia Vargas Terrero, quien llegó el 1 de abril de 2023 como Directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contratada por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández —de acuerdo con Presidencia de la República—, ha estado todo el sexenio en la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero.
Así lo dieron a conocer Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la misma FGR la investigaban por contratos ilegales en tiempos de Genaro García Luna. Pero ella estaba, al mismo tiempo, en la Fiscalía.
“(Sonia Vargas Terrero) firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República”, reveló el Presidente López Obrador la mañana del viernes. Pese a ello, el 1 de abril de 2023, fue contratada en el Consejo de la Judicatura Federal.
Se trata de 30 contratos incluidos dentro de la presunta trama de García Luna, que después fue Secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, durante el periodo 2006-2012. Fueron presuntamente dos entidades del Gobierno federal que suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de García Luna, por un monto total de 316 millones 675 mil 995 dólares. Vargas Terrero aparece en la lista de servidores públicos que habrían intervenido en la suscripción de los contratos.
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Fuente: Sin Embargo