El Gobierno de Miguel Ángel Mancera, a través de la Secretaría de Movilidad dirigida por su operador político, Héctor Serrano, heredó a la administración de Claudia Sheinbaum una “concesión pactada” con la empresa Lusad para instalar los taxímetros digitales “L1BRE”, por lo que ahora la Secretaría de Economía cumple este mayo tres años enfrentando un litigio millonario en Estados Unidos iniciado por dos hombres acusados de estafadores. Esta es la historia.
PARTE UNO
Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).– El exdiputado del Partido Verde (PVEM) Santiago León Aveleyra, acusado de ser un estafador, se reunió en el segundo semestre de 2015 con Héctor Serrano Cortés, el Secretario de Movilidad y operador político del entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Al mostrarle la aplicación Taxinet de Ecuador, le vendió la necesidad de instalar taxímetros digitales en la flota de 140 mil taxis de la Ciudad de México, aunque junto con su otro socio, Eduardo Zayas, no tenían el software funcional, financiamiento ni experiencia técnica previa, lo que derivó en que, tras una “concesión pactada”, la Secretaría de Economía lleve lidiando durante tres años un litigio internacional millonario.
–¡Cerramos, Lucho! El Secretario [Serrano] lo anunció –escribió el 25 de septiembre de 2015 Santiago León a Luis Noboa, de Taxinet, sobre la supuesta concesión obtenida. Pero el “proyecto de concesión” se dio hasta junio de 2016 y el título de concesión hasta abril de 2018 tras la salida de Serrano (2015-2017). Incluso Zayas, también acusado de ser un estafador, envió correos electrónicos a sus posibles inversionistas desde el 2 de febrero de 2016 para presumirles la supuesta concesión, con la firma falsificada de Serrano.
Desde agosto de 2015 presentaron documentos visiblemente falsos, correos extra institucionales y tuvieron “reuniones inapropiadas” entre funcionarios de la Semovi, incluyendo a Héctor Serrano, y los hombres acusados estafadores Santiago León y Eduardo Zayas para que un proyecto de su empresa Servicios Digitales Lusad (filial de L1BRE Holding), sin la tecnología desarrollada, consiguiera una concesión para la instalación de las tabletas L1BRE con “geolocalización satelital”, muestran los documentos públicos consultados por SinEmbargo del caso Espíritu Santo y L1BRE contra el Gobierno mexicano que continuará en litigio en Estados Unidos hasta finales de este año.
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Fuente: Sin Embargo