La operación de Uber en Cancún y el resto de Quintana Roo sigue complicada, de acuerdo con los conductores de vehículos de la aplicación, los operativos que se llevan a cabo por parte de la Dirección de Tránsito Municipal de Benito Juárez se hacen de forma injusta y aleatoria.
A esto se suma una nueva iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Érika Castillo Acosta que otorga mayores facultades en materia de movilidad a los ayuntamientos a través de las direcciones de Policía Preventiva Municipal y Tránsito.
La aprobación de esta ley permitirá ordenar operativos en contra de quienes se autoemplean usando aplicaciones tecnológicas como Uber, lo que representa un aumento al atentado en contra de la libertad, la economía y la elección a la movilidad de los quintanarroenses y visitantes.
El gerente de comunicación de la compañía David Mínguez, resaltó que es lamentable que se presenten iniciativas para perjudicar a quienes de manera honrada usan la app de Uber para autoemplearse y beneficiar a sus familias.
Agregó que “los viajes contratados a través de la aplicación de Uber, que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son transporte privado, no desaparecen a nadie del ecosistema de movilidad, complementan a los ya existentes, lo que ofrece a ciudadanos y visitantes mayores alternativas, así como la libertad de elegir en qué moverse”.
Sobre los operativos en Cancún, Mínguez precisó que incluso detienen a quienes no se encuentran conectados ofreciendo viajes a través de la aplicación.
“Incluso, han sido detenidos en trayectos personales como cuando van viajando con sus familias, lo cual es un atentado contra de su libertad y un exceso en el uso de la fuerza pública, sin ningún sustento jurídico”, mencionó el vocero de Uber.
La compañía de tecnología está a favor de una regulación para plataformas digitales en el estado, aunque debe de tratarse de una adecuada para el tipo de servicio que se intermedia: transporte privado y no público, como las autoridades insisten en clasificar de manera equivocada.