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Varios “ganadores” en la elección judicial tienen acusaciones y hasta denuncias

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Entre los perfiles cuestionados que asumirían cargos en Poder Judicial está el de la subprocuradora Sara Herrerías, criticada por oponerse a investigar violaciones a derechos y recientemente electa como Ministra de la SCJN; también están Hortencia García, quien se perfila para ocupar una magistratura penal en Chihuahua y en 2024 ordenó la liberación del exgobernador César Duarte, así como Tania Contreras, que encabezó las votaciones para Magistrada del Tribunal de Tamaulipas y ha sido señalada por impedir la difusión en medios de información que la relaciona a ella y su familia con irregularidades.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).– Personas identificadas por obstaculizar el acceso a la justicia, con antecedentes de denuncias por violencia sexual, así como cuestionadas por su cercanía con gobiernos de distintos partidos, tanto a nivel local como federal, se acercan a ocupar cargos en el Poder Judicial, de acuerdo con los Cómputos Distritales Judiciales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Para el puesto de Ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sara Irene Herrerías, exsubprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la entonces Procuraduría General de la República, sumó 3 millones 268 mil 411 votos, lo que la convierte en la candidata con menos votos entre las y los nueve que resultaron electos.

Sara Irene Herrerías “intentó negociar el caso Isabel Miranda de Wallace e Israel Vallarta” a cambio de que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ya no denunciara ningún otro caso de tortura y otras violaciones a derechos humanos por parte de funcionarios, denunció esta semana  Salvador Leyva, extitular de la Secretaría Técnica del Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de esa dependencia, en entrevista para el programa Café y Noticias de SinEmbargo Al Aire.

De igual forma, la funcionaria que compitió en la boleta electoral luego de ser avalada por los comités de evaluación del Poder Legislativo y Ejecutivo, fue señalada por obstaculizar investigaciones durante los últimos tres sexenios.

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Fuente: Sin Embargo

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