El Gobierno no sólo cedió el control de la infraestructura ferroviaria con Ernesto Zedillo, sino que además otorgó en el Gobierno de Vicente Fox, de manera irregular, miles de millones de pesos a su favor y en años recientes, sobre todo en las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, prometió proyectos de trenes de pasajeros que se quedaron en la palabra.
Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Con el argumento de que gran parte de la red ferroviaria estaba deteriorada y que el Estado no tenía los recursos suficientes para atenderla, el Presidente Ernesto Zedillo reformó en marzo de 1995 la Constitución para abrir la puerta de los ferrocarriles a la industria privada que hasta la fecha mantiene casi en su totalidad el control de las vías que recorren el país y de la cual obtuvo beneficios una vez que dejó la Presidencia.
De esta manera se permitió que capitales extranjeros y mexicanos, entre ellos a Grupo México de Germán Larrea y Grupo Peñoles de los Baillères obtuvieran concesiones —que aún operan— hasta por 50 años, con la posibilidad de renovarlas. Posteriormente entraron al negocio Grupo Carso de Slim que compró a Grupo Triturados Basálticos (Tribasa) su concesión, y una vez constituida como Ferrosur vendería la misma en 2005 a Grupo México.
Como consecuencia de la decisión adoptada por Zedillo entre 1997 y 1999 se dejó de brindar el servicio de transporte de pasajeros, a excepción de algunos recorridos turísticos, algo que busca revertir el Presidente Andrés Manuel López Obrador con un decreto para que las vías férreas de trenes de carga se usen también para pasajeros.
Tras la privatización, Ferrocarriles Nacionales, organismo del Estado, se quedó con unas cuantas rutas que no habían sido concesionadas hasta que cerró sus operaciones en 1998 y tres años después, ya en el foxismo se declaró su extinción.
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Fuente: Sin Embargo